El sector de centros de datos estudia vías legales contra el decreto de sostenibilidad energética

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El sector de los centros de datos en España mantiene su rechazo frontal al proyecto de real decreto que establecerá los requisitos de sostenibilidad energética para estas infraestructuras y se prepara para recurrir a todas las vías legales disponibles, incluida la judicial, si el Gobierno aprueba la norma en su redacción actual. Las últimas modificaciones introducidas en el texto remitido al Consejo de Estado no han disipado las dudas de los operadores, que advierten de que las exigencias energéticas y de eficiencia pueden poner en riesgo tanto el desarrollo de nuevos proyectos como la viabilidad de las instalaciones existentes.

Objeción al mecanismo de reducción de demanda

La principal discrepancia se centra en la alternativa que el Ejecutivo ha introducido para flexibilizar temporalmente las exigencias de suministro renovable. Aunque el proyecto mantiene la opción de acreditar una cobertura del 80% con nueva generación renovable en términos horarios, permite acogerse durante un periodo transitorio de cinco años a porcentajes inferiores. Sin embargo, esta segunda vía queda condicionada a la participación en el mecanismo de reducción automática de la demanda eléctrica.

Para el sector, esta exigencia resulta incompatible con las necesidades operativas de los centros de datos, que deben mantener sus servicios de forma ininterrumpida. Una reducción forzosa del consumo podría comprometer su funcionamiento y obligar a activar sistemas de respaldo, incluidos generadores diésel, una solución que contradice los objetivos ambientales de la propia regulación. Además, los operadores señalan que no pueden anticipar cuándo se producirán las desconexiones, cuánto durarán ni con qué frecuencia se activarán, y que no tienen garantizada una compensación económica por reducir su demanda.

Eficiencia energética en climas cálidos

Las objeciones también afectan a los requisitos de eficiencia energética. El texto contempla una flexibilización inicial del indicador PUE (Power Usage Effectiveness), que mide la relación entre el consumo total de un centro de datos y la electricidad utilizada por sus equipos informáticos. Durante la fase transitoria se permitiría un valor de 1,25, frente al objetivo de 1,15. Sin embargo, el sector considera que esta concesión no resuelve las dificultades de instalaciones que necesitan refrigerar equipos de elevada demanda energética y que operan en condiciones climáticas cada vez más exigentes, especialmente en el sur de Europa.

Los operadores reclaman además que las obligaciones energéticas y las de consumo de agua se evalúen de manera conjunta, puesto que las tecnologías de refrigeración que reducen el uso de recursos hídricos pueden incrementar las necesidades eléctricas. Establecer límites independientes para ambos recursos puede dificultar la elección de soluciones técnicas capaces de satisfacer simultáneamente ambos objetivos regulatorios.

Riesgo para inversiones millonarias

La incertidumbre se extiende a los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica. El proyecto contempla la posibilidad de perder estos derechos en caso de incumplimiento de los requisitos, una consecuencia que los operadores consideran especialmente delicada por el volumen de capital comprometido. Las inversiones en centros de datos pueden alcanzar cientos o miles de millones de euros y están concebidas para infraestructuras con una vida operativa de entre 15 y 20 años. Por ello, el sector considera que las medidas transitorias previstas no ofrecen suficiente seguridad para planificar proyectos de tan largo recorrido.

Este debate se enmarca en el contexto más amplio de si las infraestructuras de red y almacenamiento están preparadas para la demanda energética futura, un tema clave en la transición energética española.

Críticas al procedimiento y posible trato desigual

En el plano regulatorio, las empresas cuestionan que la nueva versión haya incorporado suficientemente las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y reclaman que el organismo vuelva a examinar el texto. Critican además el recurso a la vía de urgencia, que consideran inadecuada para una regulación con efectos duraderos sobre la inversión y la planificación energética.

El sector también denuncia un posible trato desigual entre operadores privados y determinadas infraestructuras públicas, cuestionando las excepciones que, según su interpretación, podrían beneficiar a proyectos como la gigafactoría de inteligencia artificial promovida por el Gobierno en Tarragona. Con estos argumentos sobre la mesa, los operadores mantienen abierta la posibilidad de acudir a los tribunales si el Ejecutivo no modifica las disposiciones que consideran más problemáticas.

Información basada en contenido publicado en El Periódico de la Energía.

Fuente: El Periódico de la Energía · Documento oficial: enlace · Esta información ha sido elaborada por la redacción de Crux Solar con apoyo de herramientas editoriales automatizadas.

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